La defensa del régimen especial de salud y la mejora en la prestación del servicio médico a los maestros y sus familias es el motivo central de la movilización en el día de hoy en todo el país, por convocatoria de FECODE. El gobierno de Santos ha prestado oídos sordos al reclamo del magisterio en torno a esta grave situación. El pasado jueves 2 de septiembre se reunió el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio presidido por la ministra María Fernanda Campo, para examinar el tema del servicio médico, cuyos contratos se vencen el presente año. Las decisiones tomadas y los anuncios hechos por la ministra en vez de resolver a nuestro favor los problemas planteados, los profundizan y colocan en riesgo de desaparecer por completo lo que aún queda de especial en el régimen de salud del magisterio:
1. La ministra de Educación y los delegados de los ministerios de Protección Social y Hacienda, descalificaron sendos informes que sobre la sostenibilidad económica de los contratos hicieran la Fiduciaria y las empresas médicas contratistas cada uno por su lado, que eventualmente demostrarían la insuficiencia del valor actual de la UPCM (unidad por capitación magisterio) establecida para los contratos y la necesidad de su reajuste para prestar un mejor servicio. El FNPSM tiene suficiente presupuesto para ello, pues recauda para salud aproximadamente un billón 400 mil millones por aportes de los maestros y el gobierno y sólo gasta 700 mil millones en los servicios actuales.
2.- Los tres delegados del gobierno al Consejo Directivo del FNPSM votaron por la prórroga de los actuales contratos hasta abril de 2011, mientras se definen los nuevos términos de referencia y se convoca nueva contratación. Los dos delegados de Fecode se abstuvieron de votar la prórroga con el argumento de que hacerlo es prolongar los precarios servicios médicos que se están prestando en la actualidad.
3.- Quizás lo más grave de la reunión lo constituyó el anuncio de la ministra Campo Saavedra de ocho criterios definidos por el gobierno para elaborar los términos de referencia de los nuevos contratos que se harán al término de los actuales. Todos estos criterios apuntan a acabar nuestro régimen especial y llevarnos a las condiciones del macabro Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), hoy regido por la Ley 100 de 1993.
El puntillazo final es la decisión tomada por el presidente Santos de reformar la Ley 100 en lo relativo al SGSSS, para lo cual existe ya un proyecto de ley en el Congreso, en cuyo artículo 29 se lee: “Todos los colombianos tienen la obligación de estar afiliados al SGSSS, sea al régimen contributivo o el subsidiado”. Este artículo elimina los regímenes especiales existentes en salud, entre ellos el nuestro. Pero además el proyecto de Ley está encaminado a revivir los decretos de emergencia social de Uribe tumbados por la Corte Constitucional, para garantizar las ganancias de los mercaderes de la salud.
Una demostración de que Santos I es Uribe III lo constituye el hecho de que la ministra Campo haya emitido la Directiva Ministerial No. 27 en la que amenaza a los maestros que participen en la movilización de hoy, tal como lo hizo siempre su antecesora. Para enfrentar esta oprobiosa situación, desde Tribuna Magisterial llamamos a todos los docentes colombianos a resistir, a no dejarse intimidar por las amenazas de la ministra ni dejarse seducir por los cantos de sirena de Santos y Angelino, su vicepresidente, el tránsfuga sindical con el que se pretende confundir a los trabajadores. Además de esta movilización debemos prepararnos para nuevas luchas, incluido el Paro Nacional.
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